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Durante el miércoles y por la madrugada del jueves se vivieron momentos claves para el Gobierno en el Senado de la Nación, pues alcanzó su primer logro legislativo, al aprobarse -con modificaciones- sus primeros proyectos de ley: “Bases” y el “Paquete Fiscal”. Si bien resta que vuelva a pronunciarse la Cámara de Diputados acerca de los cambios introducidos por la Cámara alta, la vigencia de gran parte de los proyectos se encuentra asegurada y, con esto, queda demostrada la capacidad de Milei de hacer aprobar sus propuestas, aun con una muy escasa representación en el Congreso.
Dentro de los proyectos que habían sido aprobados antes por Diputados se encontraban ciertas modificaciones en el impuesto sobre los bienes personales que, sorpresivamente, fueron rechazadas por la mayoría de los senadores. Este insólito rechazo puede traer consecuencias nefastas para los contribuyentes, como veremos a continuación.
¿Aumenta la presión tributaria?
Efectivamente, por los mínimos a partir de los cuales se tributa el impuesto sobre los bienes personales, combinados con alícuotas verdaderamente elevadas, más el efecto de la inflación desbocada del último año (recordemos que las variables del gravamen se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor y se encuentran muy atrasadas) y con el condimento extra de una menor brecha del dólar (35% aproximadamente), el aumento efectivo de este tributo es muy grande.
La no aprobación del proyecto del Gobierno lleva a que:
1) Más sujetos queden alcanzados por el tributo: por el rechazo del Senado deberían pagar el impuesto los patrimonios que superen por poco los $27 millones (algo así como US$ 33.000), mientras que el proyecto aumentaba el mínimo a $100 millones. En tanto, la exención por vivienda única quedaría en $ 137 millones cuando el proyecto la aumentaba a $350 millones.
Es decir, el proyecto aprobado por diputados y rechazado por el Senado traía un necesario alivio fiscal para la clase media
2) Los contribuyentes pagarán alícuotas altísimas: son de hasta 1,75% en su tramo máximo para activos locales, mientras que para bienes en el extranjero la tasa asciende al 2,25%. Estas tasas, aprobadas durante el kirchnerismo, resultan confiscatorias, representando hoy para los inversores un costo mayor inclusive que el del impuesto a las ganancias, sobre todo con activos no realizados.
Actualmente, con las facilidades tecnológicas, es común que los ciudadanos tengan activos financieros o criptoactivos en exchanges de otros países y, por lo tanto (si están declarados), se encuentran alcanzados por estas delirantes alícuotas. Tal presión fiscal es responsable -junto con otros mamarrachos impositivos del período kirchnerista – de buena parte de los cambios de residencia fiscal que hubo en el país.
3) No se aprobó el beneficio para contribuyentes cumplidores: esto significa, en los hechos, que a los legisladores tampoco les interesaba demasiado cultivar la moral fiscal de la población con la que tanto coloreaban sus discursos.
Otros graves efectos
La no reforma de Bienes Personales va a herir, con seguridad, las chances -siempre difíciles- de que el blanqueo impositivo que se está aprobando con el Paquete Fiscal resulte exitoso, pues quienes se encuentran en la informalidad le tienen fobia a esta clase de impuestos ilógicos.
Esta situación redundará en una menor recaudación impositiva, tanto para la Nación como para las provincias, con la posibilidad de que el Gobierno nacional siga trasladando el costo del ajuste a aquellas.
También se va a recaudar menos por haberse borrado del proyecto el Régimen de Ingreso Anticipado de Bienes Personales, que consistía en dar la posibilidad de anticipar impuestos de años siguientes a cambio de una alícuota menor y seguridad jurídica. Este ingenioso y atractivo régimen podría haber generado ingresos frescos en el corto plazo, tanto para la Nación como para las Provincias.
¿Y ahora?
Desde el Gobierno se anunció que, vuelto el proyecto a Diputados, se procurará que esta cámara insista con el proyecto original y sean finalmente aprobados los razonables cambios que se suponía no se trabarían. Para ello bastaría con el apoyo de una mayoría simple de los legisladores.
Si ello no ocurriera, a modo de propuesta, el Gobierno podría instrumentar sucesivas prórrogas del impuesto (o de parte de este, ya que las normas lo habilitan) hasta el momento en que se apruebe una ley que reforme o elimine definitivamente este tributo que desalienta el ahorro, la inversión, grava activos que ya pagaron impuestos, no permite la deducción de deudas y genera gran cantidad de éxodos fiscales.
El autor es tributatista